El estado de California ha iniciado una significativa pelea legal contra los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, alegando extralimitación de poder y graves perjuicios económicos. Esta acción legal, encabezada por el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta, representa un desafío directo a las políticas comerciales del expresidente y subraya las profundas divisiones sobre el manejo del comercio internacional.
¿Por qué California ha hecho esto?
La decisión de California, una potencia económica que representa aproximadamente el 14% del PIB de Estados Unidos , se produce en un contexto de incertidumbre generada por los cambiantes planes arancelarios de la administración Trump. La rapidez con la que se han implementado y, en algunos casos, revertido los aranceles, sugiere una posible inestabilidad en la política comercial federal que ha llevado a California a buscar la intervención judicial.
La presentación de esta demanda no es un hecho aislado, sino que parece ser parte de una estrategia más amplia del estado de California para oponerse a políticas federales que se consideran perjudiciales para sus intereses. El gobernador Newsom, incluso antes de esta acción específica, había dirigido al estado a explorar relaciones comerciales alternativas fuera del ámbito federal y a buscar exenciones de los aranceles de represalia impuestos por otros países.
¿Cuál es el plan de California?
La demanda presentada por California se centra en la alegación de que el presidente Donald Trump carece de la autoridad para imponer unilateralmente los aranceles a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA).
El argumento principal es que la Constitución de Estados Unidos otorga explícitamente al Congreso la potestad de regular el comercio exterior. Si bien el Congreso ha delegado cierta autoridad en materia arancelaria al presidente a través de diversas leyes, California sostiene que la IEEPA no se encuentra entre ellas.
Además de cuestionar la base legal estatutaria, la demanda de California invoca la doctrina de las «cuestiones importantes» de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta doctrina establece que, en asuntos novedosos de vasta importancia económica y política, el poder ejecutivo debe contar con una autorización clara y específica del Congreso para actuar. California argumenta que la imposición de aranceles con el alcance y el impacto económico que han tenido los de Trump constituye precisamente una «cuestión importante» que requiere una autorización explícita del Congreso.
Es importante destacar que California no está sola en su cuestionamiento legal de los aranceles de Trump. Otras entidades, como el Liberty Justice Center y la New Civil Liberties Alliance, han presentado demandas similares, argumentando también que la IEEPA no autoriza la imposición de aranceles y que la administración Trump.
¿De que se trata la demanda de California?
La demanda presentada por California aborda varios conjuntos específicos de aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. Estos incluyen, en primer lugar, los aranceles impuestos a México, Canadá y China.
En segundo lugar, la demanda también desafía los llamados aranceles del «Día de la Liberación» o aranceles universales de la IEEPA. Estos son aranceles generales del 10% impuestos a las importaciones de casi todos los países del mundo.
